Las revelaciones de Edward Snowden están sacando a la luz muchas informaciones acerca de las agencias de inteligencia estadounidense y británica pero, a tenor de las últimas informaciones, no son los únicos servicios secretos que nos vigilan.
En la última filtración sobre este caso, la información apunta de manera directa a Francia. Según se ha publicado en el diario Le Monde, el gobierno de este país tiene en marcha un servicio de monitorización telefónica potencialmente más intrusivo que el PRISM de la NSA.
No solo eso, además se dice que Orange, compañía asimilada por France Telecom y utilizada como marca del grupo, compartiría de manera voluntaria todos los datos de las llamadas de sus clientes con la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE). Y cuando se apunta «todos los datos» se quiere decir exactamente eso, toda la información de la que la compañía dispone y no únicamente metadatos. Una información que el DGSE compartiría con agencias extranjeras de países aliados como el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno del Reino Unido (GCHQ).
Los datos que Orange compartiría con las autoridades no se limitan a los recabados en su territorio nacional sino que, según Le Monde, también facilitaría la información de sus filiales en el extranjero poniendo especial enfásis en República Centroafricana y Mali.
Si bien esta información se ha publicado recientemente, ya se conocía desde hace meses que el gobierno de Francia cuenta con un programa de espionaje similar a PRISM y aunque no se conocía la complicidad de Orange ya habían sospechas dado que el 27% de la compañía pertenece al estado francés. Lo que más sorprende es la voluntad de Orange con colaborar en estas tareas ya que hasta sus empleados estarían creando nuevas herramientas para recopilar la información e interpretarla de manera más eficiente.
Por ahora, el gobierno francés no ha respondido ante estas acusaciones y Stéphane Richard, consejero delegado de Orange, ha declarado que desconoce la actividad de la DGSE y que su compañía solo colabora con las autoridades en cumplimiento de la ley.