La Agencia Española de Protección de Datos investiga el sistema de cámaras de seguridad instalado en el interior del IES Vilamarín de Ourense.
La AEPD ha iniciado esta investigación tras recibir una denuncia a finales del pasado mes de Octubre donde se procede a la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de videovigilancia en el interior de este centro educativo, especializado en hostelería, y sin advertir de su presencia a la comunidad escolar.
La polémica dentro de la propia comunidad escolar por la instalación de este sistema de cámaras de vigilancia viene de lejos. Al parecer, ya en verano de 2010 se planteó la cuesión al claustro por el director de este centro educativo pero no se llegó a acuerdo alguno. A pesar de ello, la idea ha seguido adelante y el IES Vilamarín ya cuenta con las cámaras instaladas y funcionales.
La denuncia ante la AEPD la suscriben varios trabajadores del propio centro ya que la comunidad escolar no habría sido debidamente informada sobre la puesta en marcha de este sistema. Además, tampoco se habría colocado en ningún lugar del centro el preceptivo distintivo informativo advertiendo de la existencia de las cámaras.
Los denunciantes consideran que la instalación de estas cámaras supone una medida «completa y absolutamente desproporcionada» ya que en el centro no se ha producido ningún caso de violencia o acoso ni otros hechos delictivos reseñables por ningún miembro de la comunidad escolar. Además, el único lugar donde se ha producido algún incidente, el despacho de secretaría, no se ha instalado ningún cámara aunque sí en otros lugares como un aula multiusos utilizada como lugar de esparcimiento de los alumnos.
Una vez el caso se ha puesto en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos, será este organismo el encargado de dilucidar si se ha cometido alguna irregularidad, y de existir tal, dictar las medidas correctoras necesarias.
Una vez más, la Agencia se encontrará con un caso recurrente y es que, la instalación y gestión de sistemas de videovigilancia sigue siendo una fuente común de dudas respecto a su legalidad.