FACUA, Federación de Consumiores en Acción, ha informado de la interposición de una demanda contra el hospital público de Fuenlabrada ante la Agencia Española de Protección de Datos. Una demanda que responde a una posible cesión irregular de datos personales e historiales médicos de pacientes de este hospital a la clínica privada Los Madroños (situada en la localidad de Brunete).
Desde FACUA denuncian una actuación calificada como «de extrema gravedad» al facilitar datos -sin el consentimiento expreso de los afectados ni información sobre ello- considerados por la legislación de protección de datos como «especialmente protegidos» y con el único fin de beneficiar económicamente a la citada clínica privada de Brunete. Según el reglamente vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la vulneración del deber de secreto conlleva sanciones económicas de entre 40.001 y 300.000 euros.
En el comunicado publicado por FACUA se acusa al hospital de servirse de «un mensaje fraudulento para inducir a la confusión y captar a los pacientes«. Un método utilizado para hacer llegar este mensaje a los pacientes es a través de una llamada telefónica donde se les apunta que es su médico el que recomienda dicho cambio de hospital a pesar de que los facultativos del hospital de Fuenlabrada niegan la autorización de dichas autorizaciones.
Según parece, la clínica Los Madroños llamaba de manera directa a los pacientes en lista de espera del Hospital de Fuenlabrada a pesar de que, según los protocolos del sistema público sanitario, debería ser el hospital público el encargado de llevar a cabo tales citaciones. Según fuentes del Gobierno regial madrileño, aunque el concierto con la clínica privada es totalmente «legal» la forma de actuar del hospital de Fuenlabrada podría ser irregular por lo que también se ha abierto un expediente informativo.
En una primera instancia, y a espera de las investigaciones, solo se tiene constancia de que se hayan cedido datos como el nombre y número de teléfono de los pacientes en la lista de espera aunque serán las investigaciones abiertas tanto por el gobierno regional como por la AEPD las que dictaminen si se compartieron más datos y si esa cesión está dentro de la normativa vigente y cumple con la LOPD.