La Agencia Española de Protección de Datos investiga una supuesta infracción por revelación pública de datos por parte del gobierno regional asturiano.
De confirmarse los hechos, la sanción contemplada por la LOPD asciende a cuantías de entre 40.000 y 300.000 euros al tratarse de una infracción catalogada dentro del grupo de vulneraciones graves de la Ley.
Los hechos se remonta a Diciembre de 2011 momento en que, durante el gobierno de Francisco Álvarez-Cascos en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) se publicaron el nombre y domicilio de 356 ciudadanos que presentaron alegaciones una campaña de sondeos mineros promovidos por Astur Gold en la población de Tapia.
Parte de este grupo de afectados denunció el caso ante la AEPD que considera que «la publicación por parte del Gobierno del Principado en su página web, en abierto y a la vista de cualquiera, de un listado de personas que presentaron alegaciones puede constituir la comisión de una infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)«. Desde la Agencia se informa de la apertura de expediente sancionador «por la presunta infracción del artículo 10 de la Ley orgánica, tipificada como grave» y será resuelto en seis meses.